Así lo ha planteado la entidad en una misiva remitida al subsecretario del Ministerio de Trabajo, Raúl Riesco, en la que advierte de que las personas con discapacidad son “un grupo social vulnerable, sometido objetivamente a mayor riesgo de sufrir explotación laboral, por lo que han de ofrecerse mecanismos reforzados de persecución, protección y defensa”.

 

Para ello, el CERMI acompaña su carta de un documento con propuestas para el futuro plan contra la explotación laboral, entre las que destaca la exigencia de que el plan recoja de manera clara la exigencia legal de que las empresas con una plantilla igual o superior a 50 trabajadores cuenten con un 2% de empleados con discapacidad.

 

Además, el futuro plan debe velar por que se cumpla la obligación de que las empresas de 50 o más trabajadores adopten las medidas alternativas solo cuando excepcionalmente sean eximidas de la obligación de realizar contrataciones directas de personas con discapacidad. Cuando ni la reserva de puestos de trabajo ni las medidas alternativas se cumplan, tal y como recoge la Ley de Contratos del Sector Público, se debe prohibir concurrir a licitaciones de servicios con administraciones.

 

Por otra parte, el CERMI aboga, en línea con la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, por vigilar que en las empresas se cumpla la obligación de adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad del entorno laboral, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y recibir formación.

 

Del mismo modo, la plataforma representativa de la discapacidad en España reclama que el plan combata con todos los medios las discriminaciones directas e indirectas que afecten a las personas con discapacidad en las relaciones laborales, prohibidas por el artículo 4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores.

 

Otra de las medidas planteadas por el CERMI es la de aplicar en todo momento el necesario enfoque de género y discapacidad en todas las actuaciones de género o relacionadas con este que despliegue la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dada la mayor vulnerabilidad de las empleadas con discapacidad, que deben gozar de un grado de protección y de vigilancia del cumplimiento de sus derechos más reforzado.